¿Cómo podemos protegernos de un Gobierno que dirige su acción contra la ley? ¿Ofrece una mayoría electoral la legitimidad suficiente para impulsar políticas contrarias a la legislación orgánica de un país? ¿No generan las leyes unos derechos públicos exigibles al poder político? ¿No tienen nada que decir los jueces cuando los poderes ejecutivos violan aquellos derechos de forma evidente? La reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reconoce en su preámbulo la insuficiente financiación pública de las Universidades, que puede poner en peligro su sostenibilidad. En este sentido, exige un compromiso de alcanzar el 1% del PIB como punto de partida de niveles adecuados de financiación. No olvidemos que los países de la OCDE dedican media el 1,4%. La Comunidad de Madrid tiene un PIB de 168.913 millones y, sin embargo, prevé un presupuesto universitario de 1.122 millones. Para cumplir con las previsiones de la ley, la Comunidad tendría que poner encima de la mesa 567 millones. Ofrece exactamente el 1% de esa cantidad, 5 millones.
