“Que más allá de diferencias ideológicas, haya un consenso. Y nos hemos sentado con el único objetivo de poner en el centro a las mujeres víctimas”, las de la violencia machista. Entre otras cosas para pronunciar esa frase ha usado la tribuna del Congreso la mañana de este miércoles Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del PNV. Se refería al consenso que se ha producido después, cuando el hemiciclo, con Vox en los márgenes, ha dado luz verde al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 315 a favor, 33 en contra (de la ultraderecha) y ninguna abstención con los que los grupos políticos asumen como compromiso las 461 medidas que componen este nuevo documento que incide en la violencia vicaria, propone reconocer oficial y legalmente la económica y ahonda en la digital, sobre todo enfocada a niños, niñas y adolescentes.
Algunas de las medidas clave del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Violencia económica. La propuesta es “incorporar de manera específica la violencia económica” a la legislación española, reconociéndola, regulándola y definiéndola, y teniéndose en cuenta que esta violencia “no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal”.
Violencia vicaria. El término está ya incluido en la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y fue ampliado a través de la Ley de Libertad Sexual, ahora los grupos políticos quieren incluir como víctimas de violencia de género a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, haciendo referencia a los regímenes de visitas; también la garantía de “formación especializada, inicial y continua” para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas; o la facilitación de la denuncia en sede policial a los menores, “adaptando” los servicios, las dependencias, al personal y la metodología con la que recogen sus testimonios.
Violencia digital. Entre otras cuestiones, instan a que se apruebe la ley de protección de los menores en los entornos digitales; que se exija “el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual a cualquier persona que vaya a acceder a profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, aun cuando esta actividad se desarrolle de manera íntegramente online”; o que se sancione a “quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias (deep fakes)“.
Coordinación. La cuestión de la coordinación entre distintas instituciones y organismos del Estado es algo que también han remarcado las portavoces este miércoles en el Congreso y que queda recogido en el Pacto en medidas como la revisión de “los protocolos judiciales con el fin de que los Juzgados comuniquen a los puntos de coordinación de las órdenes de protección u órganos con funciones similares” todos los movimientos que haya en torno a un caso, como los autos de sobreseimientos provisionales, las sentencias absolutorias y las sentencias de modificación de medidas.
