A punto de concluir la sesión en el Tribunal Supremo, las acusaciones parecían haber perdido el interés por preguntar. En la sala donde se juzga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecían los últimos convocados del día, tres periodistas de este diario. El trámite se resolvió en escasos minutos. Tres horas antes, se había asistido al más tenso de todos los interrogatorios registrados hasta ahora, también con un profesional de la información como testigo. El abogado de la acusación particular, Gabriel Rodríguez-Ramos, intentó acorralar a José Manuel Romero, subdirector del EL PAÍS en marzo de 2024, cuando sucedieron los hechos que juzga el Supremo. Lo interrumpía constantemente y exigía que contestase a sus preguntas con un sí o un no, sin lugar a más explicaciones. Romero no se arredró, porfió en sus argumentos y la discusión fue subiendo de tono. Hasta que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, advirtió al abogado:
