Una vez al mes a Mario G. le suena la alarma de sus cuentas pendientes. Ese día —normalmente un lunes o un martes— agarra su bastón y se presenta sobre las 11 de la mañana en su Centro Base VI Puente de Toledo del distrito de Carabanchel para preguntar “qué hay de lo mío”. De lo suyo hay poco desde que en julio de 2023 solicitara por primera vez una cita para que se le evalúe y reconozca una discapacidad por “artrosis severa de grado IV”, la máxima posible. De lo suyo hay poco porque antes que lo suyo va lo de tantos otros. Ahora, a finales de febrero de 2025, los agraciados con una cita para evaluación de una discapacidad son los que la solicitaron “en marzo de 2023″, según le advirtieron en el último intento en su centro. El primer día que fue a Mario G. le prometieron que aquello quedaría resuelto en nueve meses, pese a que en la página web de la Comunidad se promete que el máximo está en tres. El máximo legal en España son seis meses. Sin embargo, al verle aparecer una y otra vez, ninguno de los trabajadores de la recepción del centro se atreve ya a hacerle más predicciones. En el mejor de los casos parece que al año y medio que ya lleva debe sumársele otro semestre más. “No hay médicos suficientes. Paciencia, Mario”, le aconsejan. Pero su vida, que se parece a la de un hombre que atraviesa la senectud, “sin ningún quehacer”, no admite más demoras. Porque Mario tiene una mujer, dos hijas, y solo 38 años.
