De manera sorpresiva, el Gobierno decidió anunciar una reforma electoral. Utilizó, para eso, a Pablo Gómez, un personaje desprestigiado de la izquierda, un hombre sin porvenir, con un pasado gris, pero con ímpetus juveniles. Este señor decidió anunciar una gigantesca imposición que incluía la desaparición de los legisladores plurinominales, el recorte al financiamiento de los partidos políticos y, como cereza del pastel, la desaparición de la autonomía del INE. Todo esto, ante los sorprendidos consejeros de ese Instituto que, ingenuos, creían que habían asistido a una reunión de diálogo en la que se escucharían sus propuestas, aunque fuera como especialistas en la materia. Gómez dejó en claro que las propuestas no tenían sentido, que todo lo decidiría el gobierno, o más bien él como representante del gobierno, y que para tal efecto, harían uso de sus mayorías que “para eso son”.
