Cuando Rosalinda Ávalos saltó a los focos nacionales hacía más de cuatro años que habían matado a sus hijos y que peleaba, sola, contra el crimen organizado. Esta policía de San Luis Potosí irrumpió a mitad de febrero en el Congreso del Estado y logró que quitaran de la lista a la elección judicial a Sabas Santiago Ipiña, quien había trabajado con ella en la Fiscalía durante años. Ávalos enseñaba en su denuncia que el candidato tenía vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación y quería ser juez penal para influir en el proceso por el asesinato de sus hijos, en el que hay detenidos otros cuatro policías ministeriales. El caso ejemplificaba todos los miedos a esta reforma a la justicia, pero sus raíces eran algo más: un recorrido por el fango de la corrupción, por los nexos infatigables entre el Estado y el crimen, por la soledad de una mujer que batalla a diario contra sus tentáculos.
