Tras un primer intento fallido, el Gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 1/2025, “por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad”. Como ya ha sido puesto de manifiesto desde distintos ámbitos, nos hallamos ante una normativa que se califica como ómnibus. Basta con leer el título del decreto ley aludido para hacerse una idea fidedigna sobre lo que dicho término implica: una serie de disposiciones que se refieren a ámbitos materiales muy diversos y que poca o ninguna conexión muestran entre sí. Ómnibus, por lo tanto, es sinónimo de heterogeneidad, dispersión temática y ausencia de coherencia interna entre las distintas partes que integran un mismo texto normativo. Una lectura detenida del contenido del decreto ley no hace sino confirmar que estamos ante una mera yuxtaposición de regulaciones, una suerte de cajón de sastre en el que se recogen medidas de muy variada índole que han sido aprobadas por el Ejecutivo amparándose en la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. En función de tal premisa, encontramos disposiciones referidas a la revalorización de las pensiones, la prórroga de las bonificaciones de transporte, la concesión de ayudas por la reciente dana, así como a los afectados por la erupción del volcán de la isla de La Palma, la protección de consumidores vulnerables, la suspensión durante este año de desahucios cuyo objeto sean hogares vulnerables o la extensión hasta finales de 2026 del denominado “escudo antiopas”. Mención especial merece la entrega al PNV de un palacete en París, adquirido por dicha fuerza política en los años treinta del siglo pasado, incautado durante la ocupación nazi y nunca recuperado. Para completar el cuadro de referencia resulta pertinente señalar que este nuevo decreto ley ha suprimido destacados contenidos con respecto a su inmediato predecesor (las entregas a cuenta a las comunidades autónomas o la corrección del impuesto a la banca) que previamente sí se consideraron necesitados de una regulación urgente y ahora ya no.
